¿2×1?: ¡NINGUNO!

La reacción popular contra la impunidad que se pretendió imponer a partir del fallo del 2X1 de la Corte Suprema, exhibió una conjunción virtuosa del eje justicia, seguridad y derechos humanos, que demostró que existen mayorías sociales para repensar estrategias, tácticas y sentidos en la comunicación política y la militancia nacional, popular y progresista.

Texto: Carmela Moreau y Pablo de Biase / Fotos: Archivo

La movilización del 10 de mayo fue tan contundente que los guionistas de Cambiemos tuvieron que improvisar de apuro.

Pasado ya un tiempo desde el fallo de la Corte Suprema que benefició con la excarcelación al represor y torturador Luis Muiña, es interesante reflexionar sobre algunas cuestiones relativas a la comunicación política que se generaron a partir del penoso equívoco judicial del 2 de mayo. Por lo político, por lo mediático y, sobre todo, porque ha quedado resonando un claro mensaje social que marca que hay cuestiones que atraviesan el eje de justicia, seguridad y derechos humanos que no se explican ni se dejan explicar con consignas y eslóganes.

El error garrafal que cometió el bloque de poder dominante, que lo llevó a desperdiciar la bala de plata que tenía para cumplir con su propósito de patear brutalmente el tablero de los derechos humanos, se dio en el terreno en el que se supone que el gobierno, el “partido judicial” y las grandes corporaciones mediáticas mejor sintonizan: el de las puestas en escena guionadas.

Funcionarios, legisladores, comunicadores, editores, jueces y fiscales de los círculos dominantes y gobernantes suelen actuar con unos niveles de coordinación dignos de la serie Los Simuladores o de cualquiera de las grandes producciones de intriga que se ven en Netflix. Los equipos de publicitarios, encuestadores y difusores digitales hacen el resto, incluidos los retoques de último momento de lo que se planifica y ensaya metódicamente… Esa vez, sin embargo, en los focus-groups se les escapó un lobo rabioso en una carrera de pollitos.

Se preparaba el terreno. Las semanas previas al fallo de la Corte Suprema, las notas editoriales y de opinión en los diarios de mayor circulación, cuestionando “el relato interesado y parcial de los derechos humanos del kirchnerismo” -así como los comentarios en programas políticos de radio y TV sobre los pobres ancianitos que padecen frío tras los muros-, se conjugaron sincronizadamente con los anuncios de las “fuerzas vivas” que llamaban al recogimiento, la reflexión y la autocrítica en pos de la reconciliación nacional.

Se venía el mazazo. Lo que se pensó como la nueva mayoría de la Corte avanzó con pretensiones automáticas y apeló al “estatuto de Roma, instrumento jurídico destinado a juzgar a acusados por delitos gravísimos que incorpora el principio de la ley más benigna y su carácter imperativo” para liberar a Muiña y abrir las puertas a tantísimos ancianitos… criminales y genocidas. Sin embargo, la aplicación del estatuto en cuestión se valió de la vigencia entre 1994 y 2001 de la ley 24.390.

Los organismos de DDHH decidieron mocionar el juicio político a los jueces que votaron el 2X1, a fines de julio.

 

Los organismos de derechos humanos reaccionaron y convocaron a una marcha en plaza Lavalle, frente a Tribunales para la semana siguiente, mientras los diversos sectores políticos y sociales más comprometidos sumaban su repudio. Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos del gobierno, picó en punta, guión en mano, y se felicitó por sus propios intensos deseos de acatar la ley y la interpretación de ésta por parte del máximo tribunal. Sin embargo, el resto del elenco se demoraba en hacer su entrada… algo que no figuraba en los papeles ni había sido previsto en los ensayos estaba haciendo humear los teléfonos móviles.

Les salió el tiro por la culata. Los organismos y los sectores políticos, sociales y culturales más activos manifestaban su lógico rechazo, viralizado y viralizante. Los hashtags que marcaban tendencia no llegaban con dureza desde la trinchera que los círcuos rojos y amarillos del poder esperaban: lo que incendiaba las redes era fuego amigo. En vez de hacerse fuertes de su lado de la grieta, comprobaron con terror que la línea de la falla se había corrido y sólo quedaban los supremos jueces inspirados y los impresentables más directos. Los comentarios, los memes, los discursos y los poemas… todo se sintetizaba en un rotundo “no al 2×1”.

Un sudor frío les recorrió la espalda, una sensación de dejá vu muy parecida a cuando Mirtha Legrand puso contra las cuerdas del sentido común al matrimonio presidencial, con un sencillo cachetazo verbal: “Ustedes viven fuera de la realidad”. Los guiones fueron estrujados o borrados de los dispositivos. Al igual que sucede con la visita de muchos mandatarios extranjeros, los trajes progres debieron ser sacados de sus fundas sin pasar por la tintorería y se improvisaron discursos y medidas tendientes a reforzar la adhesión a las políticas de Estado de derechos humanos. El día de la marcha, que finalmente fue a Plaza de Mayo, fue coronado por una multitud, que concurrió cuando el Congreso ya había aprobado la ley que impide la aplicación del 2×1 a delitos de lesa humanidad.

El error del bloque de poder, al pretender aplicar una ley que fue derogada por su impopularidad, la del 2X1, nos muestra que la batalla por el sentido común adquiere perspectivas de viabilidad a partir de las grandes cuestiones que comprometen y suman al espacio en el que se reconoce lo nacional, popular y progresista, a quienes están más allá de las escaramuzas de todo o nada, como lo está demostrando, desde hace años, la lucha de las mujeres.

En este eje, se vertebran iniciativas como la que, casi tres meses después realizaron los organismos de derechos humanos, al presentar en mesa de entradas del Congreso una iniciativa para que se inicie el trámite de juicio político para desplazar a los tres magistrados que firmaron esa acordada, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

En estos casos, se logra una mayoría social que excluye a la derecha. Una mayoría social que no aprueba ni la mano propia ni la mano dura policial, menos aún la mano blanda con los delitos de lesa humanidad… pero tampoco la lenidad con los delitos criminales.